Publicado en el Blog: Lima Milenaria, 22 de mayo de 2013.
Por Javier Lizarzaburu.
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| Foto: Erik Maquera / Sitio arqueológico Catalina Huanca, Distrito de Ate, año 400d.C., quedó en medio de una empresa arenera, que ha excavado el sitio está dejarlo completamente aislado, como se ve en la foto. |
He revisado la postura de Javier Lizarzaburu y lamentablemente nuestro patrimonio arqueológico está en grave peligro. Evidentemente también peligra el patrimonio arquitectónico moderno en nuestras ciudades.
Considero importante tener en cuenta los riesgos y buscar una manera de proteger nuestro patrimonio nacional.
Fernando Freire, arquitecto.
A continuación el artículo:
La
reciente promulgación del Decreto Supremo 54 ha puesto a arqueólogos, gestores
culturales y gente interesada en el patrimonio peruano en pie de guerra. Y no
es para menos. Sin hacer ninguna referencia a la obligación del Estado en la
protección de estas riquezas, lo que el decreto en buena cuenta dice es que a
partir del mes de junio, cuando entra en vigencia, todo vestigio arqueológico
que las empresas encuentren a su paso quedará prácticamente desprotegido. Si es
que no es destruido.
Según las protestas levantadas por algunos de los principales gremios profesionales y por Icomos-Perú, la entidad más representativa a nivel mundial en temas de patrimonio, el presente decreto modifica sustancialmente el sistema de protección de sitios arqueológicos que existía hasta el presente. ¿Cómo era hasta hoy?
Cuando una empresa quería explotar una mina, abrir un camino o levantar una estructura, la ley le exigía previamente una evaluación arqueológica para ver si en el lugar existen vestigios sin descubrir. Una vez evaluado el lugar, se emitía un certificado: sí tiene, no tiene. Si por alguna razón el ministerio de Cultura no respondía dentro del plazo que daba la ley (30 días), ese “silencio administrativo” se consideraba una negativa y la empresa no podía proceder.
Ya sea por vicios propios de la burocracia, o por propias limitaciones, lo cierto es que esos certificados o CIRAS (Certificado de inexistencia de restos arqueológicos), a veces tardaban hasta un año o más en darse. Es fácil imaginar la reacción entre quienes querían desarrollar un proyecto. ¿Cuál es el cambio hoy?
A partir del 1 de junio toda empresa que quiera desarrollar cualquier tipo de proyecto va a seguir necesitando que el ministerio de Cultura emita el CIRA, y se reduce el plazo de respuesta de 30 a 20 días. Pero la alarma roja está en el llamado “silencio administrativo”.
Es decir, a partir del 1 de junio, si Cultura no responde en 20 días se asume que no hay ningún vestigio arqueológico y el proyecto procede. Si existen vestigios, la empresa sigue obligada a presentar un Plan de Monitoreo (protegido, teóricamente). Pero acá también si el ministerio no aprueba ese plan de gestión dentro del plazo impuesto, el plan de la empresa queda automáticamente aprobado. Sea el plan que sea.
¿Cuál es el efecto inmediato de este decreto? Según el presidente Ollanta Humala, y el ministro de Cultura, que firmó también el documento, es un paso adelante para acelerar procesos de desarrollo, para luchar contra la pobreza y para sacar al país adelante a la brevedad posible. Bien! ¿Pero es esta la mejor manera de proceder?
Por otro lado, la misma redacción del Decreto está hecha de tal modo que enciende el mal ánimo. En ningún momento se hace referencia a la obligación del Estado en proteger la historia, identidad y riqueza cultural de todos los peruanos. Por el contrario, la redacción es tal que se termina deduciendo que la cultura más que un recurso para el desarrollo es un obstáculo. La falta de visión en esto último es preocupante.
Después de leer ese decreto, nadie creería que vivimos en uno de los seis países que son cuna de civilización en el mundo y uno de los más ricos culturalmente. ¿Dónde quedó la visión de cultura como fuente de desarrollo?
Lo
que este decretó debió hacer es dotar al ministerio de Cultura de todos los
recursos necesarios para que cumpla con su tarea, inescapable, de proteger la
riqueza de todos los peruanos. Debió dotar de recursos adicionales al
ministerio para la recuperación y puesta en valor de los bienes que ya existen.
Debió crear mecanismos a futuro para que esas empresas, donde hallen vestigios,
contribuyan a la recuperación de esos u otros bienes del país. Y si el
ministerio no cumple, debió establecer mecanismos por los cuales la empresa
privada no se perjudica y se consigue acelerar el proceso, sin poner en riesgo
el patrimonio. En nada de esto se pensó.
Pero veamos también el otro lado. ¿Cuánto nos queda por descubrir? ¿Creemos que de verdad todavía quedan monumentos importantes bajo tierra?
Cuando le planteé esto a Alberto Martorell, presidente de Icomos-Perú su visión fue clara: en términos de patrimonio no se protege y cuida solo lo monumental, los machupicchus del país, sino también cementerios, arquitectura civil modesta, hasta desechos de basura arqueológica porque todo trae información que nos pueda decir más sobre quiénes somos y de dónde venimos.
Aquí creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Un equilibrio que funcione para todos. Porque a fin de cuentas se trata de eso ¿Acaso no habrá llegado la hora de ser realistas? Ahora me podrán acusar de traidor pero no de rasgarme las vestiduras. De repente, por más terrible que suene, tenemos que entender que hay sitios y vestigios a los que tenemos que decirles adiós. Por el bien de lo que ya tenemos y no cuidamos.
La realidad es que ni ahora cuando hay dinero suficiente se está protegiendo lo que ya existe de manera adecuada. No nos engañemos. Esto nunca va a suceder. Menos si nos dedicamos a cuidar y proteger cada pieza individual de arqueología que se encuentre en nuestro territorio.
Lo más irónico lo vi en estudiantes de arqueología de San Marcos. Publicaron un Facebook un manifiesto anti decreto hablando de la necesaria salvaguarda de nuestro patrimonio. Ante eso les pregunté qué estaban haciendo ellos por recuperar la huaca San Marcos, la más grande de Lima, una de las más importantes y una de las que probablemente más información todavía guarda en su interior y que queda dentro de la misma universidad.
Por las razones que sean, San Marcos no está haciendo nada por su huaca. Pero no solo son ellos. Somos todos nosotros. No tenemos un gran museo del Perú. No tenemos un registro completo de todo lo que tenemos. Gran cantidad de material sigue en depósitos donde, según me cuentan algunos arqueólogos que lo han visto, todavía existen cajas de Julio C. Tello que ni siquiera han sido abiertas. Y él murió en 1947. O sea, ¡hace casi 70 años!
Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿Qué es lo queremos realmente? Yo creo que nos toca mirar al futuro con sinceridad. Y si nos ponemos de acuerdo, de repente este infeliz decreto puede facilitar algo mejor: decidir qué hacemos con lo que tenemos. Que es bastante.
Aquí el Decreto:
1 comentario:
Este artículo es una verguenza, la ignorancia del autor sobre la guaca San Marcos y lo que los estudiantes han hecho por su denfensa y protección es abrumadora, y es insultante si su intensión fue confrontar estudiantes que se preocupan por el patrimonio arqueológico peruano (estudiantes que son de todo el Perú). Además su premisa absurda de que tenemos que perder el patrimonio ya que no podemos protejer los sitios arqueológicos es increible! Es obvio que este señor no entiende las razones por las que aún tenemos patrimonio y se sujeta a cuestiones locales,quiza cree que todo el Peru es Lima. No podemos permitir que se pierda el patrimonio, justamente porque no podemos protejerlo. la creencia de la imposibilidad de preservación material, que al parecer es política de estado, ha calado tanto en este señor, que creo que tenemos que decirle adios, por el bien de lo que ya tenemos y de lo que aún no conocemos. Y muchos arqueólogos sabemos que no conocemos casi nada aún de nuestro pasado y que no podemos aceptar que este se pierda por la codicia y el dinero. Es inmoral aceptar que debemos perder el patrimonio arqueológico y cultural del Perú, por la razón que sea...
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